Encontrando el equilibrio: Adaptación de empresas forestales comunitarias para satisfacer la demanda del mercado
México se caracteriza por su fuerte sector forestal comunitario. La Revolución Mexicana (1910-1917) trajo consigo un proceso de reforma agraria que fue implementado en oleadas sucesivas a lo largo del siglo XX. Por un periodo de 70 años, se entregaron títulos sobre tierras de todo el país a dos tipos de comunidades rurales –ejidos y comunidades agrarias–, que son dueñas de un estimado de 60.3 por ciento de los bosques del país (Madrid, L. et al. 2010). La Comisión Nacional Forestal ha identificado unas 9,000 comunidades que son dueñas de bosques, de las que una tercera parte tiene un potencial comercial insignificante. Entre las comunidades con recursos forestales de más tamaño, unas tres mil manejan sus bosques según un programa de manejo forestal.
A lo largo de las últimas dos décadas se ha consolidado una transición hacia una mayor autonomía en el manejo forestal. Comunidades por todo el país han desplegado instituciones de gobernanza tradicional en formas innovadoras para administrar una creciente diversidad de empresas forestales comunitarias (EFC). También han creado complejas alianzas intercomunitarias para lograr economías de escala y emprender proyectos empresariales conjuntos. Varios análisis muestran que las EFC exitosas contribuyen grandemente al desarrollo sostenible, y que el manejo forestal comunitario es tan efectivo como las áreas protegidas en la conservación de los bosques naturales y sus servicios (Bray et al. 2007).
Aún así, hacer del manejo forestal a pequeña escala un uso del suelo económicamente competitivo sigue siendo un reto, aún en un país como México, donde el manejo forestal comunitario está relativamente avanzada. Para competir con las importaciones de madera barata, sin mencionar la madera ilegal, las EFC mexicanas deben lograr economías de escala, añadir valor a sus productos forestales e institucionalizar prácticas empresariales serias.
Una estrategia popular para lograr esto es la creación de organizaciones de segundo nivel que acopien la producción de varias comunidades, faciliten la producción con valor agregado y ayuden a las comunidades a mejorar su control de calidad y sus procesos administrativos y de ventas. Sin embargo, lograr la eficiencia de estas organizaciones de segundo nivel es difícil. Los retos incluyen la tensión entre los valores igualitarios y las exigencias empresariales, la competencia entre las comunidades integrantes y la competencia entre las empresas de segundo nivel y las comunidades integrantes.
Este estudio de caso analiza a TIP Muebles, empresa minorista y marca usada por ICOFOSA, un consorcio de comunidades indígenas en el estado de Oaxaca, en el sur de México, involucrada en el manejo forestal, la extracción de madera, el aserrío, y la manufactura y venta de muebles. El hallazgo central de este estudio de caso es que es posible que una empresa de segundo nivel encuentre el equilibrio entre los valores comunitarios y las demandas del mercado. El estudio también confirma que las EFC pueden adoptar modelos de negocio comercialmente viables, al tiempo que mantienen la fidelidad a los valores y procesos arraigados en las instituciones comunitarias.
